Por Claudia Longo
Durante años hemos venido luchando por una reforma migratoria integral, es decir por una ley aprobada por el Congreso, que reemplace la ley de inmigración vigente. Lamentablemente la reforma migratoria ha fracasado, debido a la oposición de los líderes del partido republicano en la Cámara de Representantes que se negaron a traer el proyecto bipartidista del Senado a votación a pesar de existir los votos necesarios para aprobarla.
Ante esta situación, el presidente Obama decidió actuar y hacer lo que estaba en sus manos, dentro de un margen constitucional, para solucionar temporal y parcialmente el problema migratorio de los Estados Unidos.
Es así que el 20 de Noviembre del 2014 son anunciadas “medidas ejecutivas” que darían alivio de deportación a unos 5 millones de indocumentados que cumplan con ciertos requisitos para poder calificar.
El presidente anunció que pondrá en vigor medidas (Acción Diferida) para proteger indocumentados de una posible deportación y además permitirles seguir viviendo y trabajando en el país legalmente. Parte de las medidas incluye la extensión del programa DACA que daría alivio a indocumentados traídos al país como menores y un nuevo programa (DAPA) para padres de ciudadanos americanos, quiénes deben haber vivido ininterrumpidamente en el país desde 2010 y no tener récord criminal. Estas nuevas medidas otorgan a quiénes califiquen un permiso de trabajo renovable por tres años. Es importante aclarar, que ni DAPA ni DACA ofrecen un camino para la obtención de una residencia legal permanente o ciudadanía.
A partir del 18 de febrero USCIS comenzará a recibir solicitudes para la extensión de DACA. Mientras que los padres de ciudadanos americanos podrán hacerlo a partir de mediados de mayo de 2015, fecha aún por confirmar. Por más información por favor visiten la página en español de USCIS http://www.uscis.gov/es/accionmigratoria
La reacción del partido Republicano no ha sido de apoyo a las medidas del presidente. Por el contrario lo han acusado de actuar “fuera de la ley” y varios gobernadores republicanos han iniciado una demanda contra las acciones.
Sin embargo varios asesores y abogados constitucionales han afirmado que la demanda no prosperará ya que los Estados no pueden demostrar que dichas medidas los perjudicarán económicamente. Por el contrario, éstas permitirían a la población de indocumentados trabajar legalmente y significarían millones de dólares de ingresos en impuestos e incremento del consumo de bienes y servicios en dichos estados. Así mismo, la cámara de representantes aprobó una ley que para financiar el Departamento de Seguridad Nacional que incluye lenguaje para eliminar los programas anunciados por el presiente, ley que no cuenta con suficientes votos en el Senado. A pesar de todo esto, las medidas siguen firmes y listas para ser implementadas.
Si bien es cierto que estas medidas no son la solución ideal al problema de un sistema que no funciona, representan un alivio al sufrimiento por el miedo a las deportaciones para millones de familias. Su implementación será el primer paso en el complicado camino que debemos recorrer para obtener una reforma migratoria que sólo el Congreso nos podrá dar.
Esta es una gran oportunidad para millones de personas viviendo en las sombras, algunas hace décadas. Personas totalmente integradas a la sociedad, que aportan cada día a este gran país haciendo los trabajos más duros, sin contar con los “papeles” que les den legalidad pero sobre todo dignidad. Para muchos, el momento de salir de las sombras ha llegado y está aquí para quedarse. Depende de cada uno de nosotros que se convierta en una realidad.
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