Los inmigrantes indocumentados podrían solicitar su residencia en un plazo de ocho años bajo un plan de reforma migratoria delineado por la Casa Blanca y dado a conocer hoy por el diario USA Today.
El plan, en su fase inicial, incluye la creación de una nueva visa denominada “Lawfull Prospective Immigrant” (Inmigrante Prospecto Legal) a la que se ampararían los 11 millones de indocumentados que podrían verse beneficiados eventualmente con una reforma.
Asimismo, destinaría mayores recursos para tareas de seguridad en la frontera con México y obligaría a las empresas a verificar la situación migratoria de su personal de nuevo ingreso a más tardar en un plazo de cuatro años.
El diario reveló que un funcionario del gobierno le facilitó el borrador del proyecto, el cual ha empezado a ser enviado a varias agencias federales.
Algunos de los elementos contenidos en el borrador no son nuevos, como el requerimiento para que todos aquellos inmigrantes que se puedan acoger a la reforma demuestren que no tienen antecedentes criminales.
Asimismo, tendrían que proveer información biométrica, pagar por la nueva visa y, tras ser aprobados, obtendrían una autorización para residir legalmente en Estados Unidos, trabajar y salir del país por periodos cortos de tiempo.
Una vez aprobados, podrían solicitar la residencia legal en un plazo de ocho años, pero sólo después de haber aprendido a hablar inglés, estudiar la historia del país y las generalidades del gobierno, además de pagar impuestos de manera retroactiva.
Al cumplir estos requerimientos, los inmigrantes tendrían libre el camino para solicitar la ciudadanía.
Aunque un grupo bipartidista de senadores presentó semanas atrás los lineamientos generales para una reforma migratoria, los términos del proceso para la regularización de los migrantes no fueron precisados como en el plan de la Casa Blanca.
A diferencia del proyecto de la Casa Blanca, los republicanos en el Congreso favorecen una ruta larga para la obtención de la residencia y la nacionalización.
El plan de la Casa Blanca propone también ampliar el programa de verificación laboral, conocido como E-Verify, obligando a que las empresas con más de mil trabajadores lo adopten en un plazo no mayor de dos años.
Para aquellas con una planta laboral de más de 250 personas, el plazo sería de tres años y de cuatro para el resto.
El borrador establece además que la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) deberá llevar a cabo una evaluación anual del programa migratorio.
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